Durante la última década del siglo XX, la
realidad colombiana comenzó a ganar protagonismo internacional como
consecuencia del efecto mixto generado por el final de la Guerra Fría y el
carácter interméstico de la problemática nacional. Los gobiernos de turno de
final de siglo se vieron obligados a tratar en el plano internacional los
flagelos internos del país, que en el mundo de la Posguerra Fría se convirtieron
en el centro de la agenda internacional. Temas relacionados con drogas
ilícitas, derechos humanos, medio ambiente y flujo migratorio adquirieron una
relevancia inédita y, en consecuencia, el país también.[1]
COLOMBIA COMO AMENAZA EN EL
ENTORNO REGIONAL Y LA INCIDENCIA DE SUS EFECTOS COLATERALES FRENTE A LA CRISIS
VECINAL
El presidente Uribe
ha sido acusado de perseguir la disidencia política a través de la llamada
política de seguridad democrática, acusando a sus adversarios de comunistas y
terroristas y criticando duramente las actuaciones del presidente venezolano
Hugo Chávez y del presidente ecuatoriano Rafael Correa, no obstante estos
calificativos parecieran no ser aplicables a las acciones del gobierno Uribe,
con una grave crisis en materia de derechos humanos, con múltiples casos de
homicidios y con una persecución a dirigentes sindicales por parte de
organismos de seguridad del Estado.
Además de la tensa
situación y la difícil relación que tiene con el resto de la región, Colombia
ha comenzado una carrera armamentista de sus fuerzas armadas que van más allá
de lo necesario para enfrentar la insurgencia por la acción militar para la
llamada guerra contra el narcotráfico, hecho que ha producido una gran
preocupación en la Región.
Tal como lo reseñan
medios de comunicación de todo el planeta, Estados Unidos planteó la
posibilidad de una alianza militar en el marco de un acuerdo de cooperación con
Colombia para tener acceso a 7 bases militares en el país. La justificación: el
auge y crecimiento del narcotráfico y el control que se podría ejercer de
manera directa a la guerrilla.
La versión que
manejan Estados Unidos y el Gobierno Uribe es que el narcotráfico y el
terrorismo son problemas regionales y no solamente colombianos. Recordemos que
aún existe territorio colombiano en poder de la guerrilla, tenemos un claro
endeudamiento externo que ha provocado inestabilidad económica, además del
consabido desequilibrio social, político, laboral, entre otros.
En cierta
oportunidad, el mismo general Barry McCaffrey, ante el Congreso estadounidense
expresó que "la guerrilla colombiana representa una amenaza para toda la
región porque está cruzando las fronteras con incursiones en Panamá, Brasil,
Venezuela, Ecuador y Perú"[2],
dijo y sostuvo que la crisis de Colombia era una amenaza para todas las
democracias, por lo que se hacia necesario destinar más presupuesto para esta
lucha.
Mientras tanto, los
gobiernos de la región, principalmente Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil, han
declinado una posición de intervención directa o lucha contra la guerrilla en
Colombia por medio de una fuerza multinacional, y más bien han expresado que el
problema es interno, no obstante, cada uno de estos países ha reforzado sus
fronteras limítrofes con Colombia para evitar una supuesta infiltración de
guerrilla en su territorio.
Por su parte el
canciller Jaime Bermúdez, ha rechazado en varias oportunidades que el nuevo
tratado militar que discute el gobierno Uribe con Estados Unidos represente una
amenaza para los países vecinos.
En una reciente
entrevista que concedió a la edición digital del diario El Tiempo[3],
Bermúdez aclaró que el esquema de cooperación que se está negociando "no
implica un acuerdo que sobrepase los que ya existen". "Las amenazas,
para la región son precisamente el narcotráfico y el terrorismo. Para acabar
con ambas cosas necesitamos una efectiva cooperación internacional".
Admitió que existe
un proyecto para ampliar la capacidad de la base colombiana de Palanquero, pero
negó que se esté pensando en trasladar al país la base estadounidense de Manta,
que opera en Ecuador.
Bermúdez negó que
el acuerdo que se discute con Estados Unidos, permita colocar portaaviones en
aguas territoriales colombianas, como lo afirmó el precandidato presidencial
Rafael Pardo. "Se discute cómo puede ser la cooperación en la lucha contra
el narcotráfico y el terrorismo en términos de la capacidad operativa y
presencia de personal de Estados Unidos, que ya ha existido y ha sido muy
eficaz".
Recordó que ya
existe "cierto nivel de presencia del ejército norteamericano, establecido
y acordado. “En el Plan Colombia la ley estableció el máximo de personal que
puede haber de Estados Unidos en el país (600 personas)".
Para la ejecución
del mencionado Plan Colombia se realizaron inversiones totales por US$10.732
millones. De estos recursos, US$6.950 millones (64,8%) se ejecutaron como
esfuerzo fiscal colombiano, y US$3.782 millones (35,2%) como aportes del
Gobierno de Estados Unidos.[4]
La mayoría de estos recursos, en equipo y asesoría a la tropa que apoya la
erradicación de la coca en zonas con presencia de guerrilla. Desde que comenzó
el Plan Colombia, la ayuda sobrepasa los US$5.000 millones, incluyendo el año
2006; para el 2007 Colombia recibiría aproximadamente US$724 millones.[5]
Estas decisiones y el predominio de la alianza Washington – Bogotá son
asuntos que han afectado las relaciones con las naciones vecinas, al punto que
el presidente Uribe es visto como la punta de lanza de los intereses de los
Estados Unidos en la Región[6], con
este acuerdo, además de los efectos prácticos, ha planteado el debate
sustancial acerca de la naturaleza del conflicto, el carácter de la amenaza que
conlleva, las implicaciones y sus posibles salidas.[7]
En esta medida, el
gobierno Uribe ha dejado en claro que para este, la amenaza regional no es la
alianza militar con los Estados Unidos, sino el terrorismo y el narcotráfico
nacional los cuales pueden amenazar de manera directa a las demás naciones de
la región. Por el contrario y según lo ha manifestado el gobierno nacional, el
acuerdo de cooperación militar con el hegemón fortalecerá la lucha colombiana
contra estos flagelos que traen como consecuencia efectos colaterales, y permitirá consolidar la paz en la región como
parte de la reconstrucción de las relaciones latinoamericanas.
Mientras esto
ocurre en la realidad de América Latina, lo cierto es que Colombia enfrenta
diariamente no sólo las críticas y persecución de los países del hemisferio,
sino también de manera directa los efectos colaterales de la crisis regional
actual y de la amenaza que constituye el narcotráfico y el terrorismo. Estos
efectos colaterales pueden resumirse en 5 aristas o temas de discusión a saber:
flujos migratorios, fumigaciones de cultivos de uso ilícito[8],
secuestro y extorsión, derechos humanos y medio ambiente.
En primera medida y
en relación con los flujos migratorios como efecto colateral de la amenaza del
narcotráfico y terrorismo, es necesario recalcar que ineludiblemente el flujo de las migraciones lo
marcan las necesidades de los países más poderosos económicamente, porque son
el bienestar, el progreso, la riqueza y una mejor calidad de vida, las causas
fundamentales de las corrientes migratorias hacia estos países.
Colombia como caso particular en América, resolvió encerrarse durante
décadas al fenómeno migratorio y ahora con la crisis regional actual se ha
visto forzada a mirar el tema de la migración con otros ojos, porque además del
flujo tradicional de colombianos hacia el exterior, el conflicto interno
colombiano ha intensificado el retiro de personas a otras regiones del país o a
dejar el territorio colombiano en forma permanente o para no regresar jamás.
(Ver cuadros I y II)
Cuadro I
|
Colombianos
en el exterior por zonas de origen
|
Fuente: Censo DANE 2005
|
||||||||||||||
Cuadro II
|
Colombianos
en el exterior por País de destino
|
Fuente: Censo DANE 2005
|
||||||||||||||||||||||||||
Es oportuno mencionar que Colombia aparece como uno de los países con
mayor cantidad de nacionales habitando por fuera de sus fronteras. Aunque esta
realidad sea factor connatural en las relaciones con los países vecinos, Europa
y los Estados Unidos, el tema de las migraciones ha sido abordado sólo en forma
residual, a pesar de que fue en el exterior en donde Uribe triunfó por los más
amplios márgenes porcentuales frente al candidato opositor.[9]
Al respecto conviene decir, que los actuales flujos migratorios de
colombianos a países vecinos en la región, no es un tema que el gobierno Uribe
haya tratado con detenimiento, ni con la importancia que merece. Es evidente la necesidad de un conocimiento del fenómeno migratorio en
los países latinoamericanos, como es el caso de Colombia, pues no estamos lo
suficientemente preparados para afrontar hechos como la actual crisis regional,
el narcotráfico y el terrorismo, que afectan tanto el empleo, como los ingresos
y las condiciones de vida digna de colombianos migrantes y sus familias.
El asunto de las
migraciones internacionales, que deriva de la cooperación y el entendimiento
entre Estados para regular el flujo de sus habitantes, constituye un punto
importante en la agenda externa colombiana[10],
es por esta razón que se debe reconocer la importancia del trabajo conjunto en
la generación, promoción, diseño, implementación y evaluación de políticas
migratorias que favorezcan a la población migrante colombiana y sus familias,
más aún sí estas son consecuencia directa del conflicto interno que vive
nuestro país.
En este punto,
concurren dos aristas más de discusión con relación a los efectos colaterales
de la crisis regional actual y la amenaza que constituyen el narcotráfico y el
terrorismo, aquí he de referirme entonces a las fumigaciones de cultivos de uso
ilícito que se practican en el país desde hace más de 10 años y al impacto
ambiental que estas producen en el territorio colombiano.
Si bien en Colombia se ha justificado la
fumigación sobre cultivos de coca y amapola, sustentando que tiene un riesgo
relativamente bajo, esta discusión se encuentra latente debido a que no ha sido
sustentada en estudios científicos actuales y reales que adviertan sobre el
riesgo de la contaminación de la fumigación sobre los seres humanos y sobre los
animales, así como las consecuencias directas e indirectas sobre los
ecosistemas acuáticos y/o terrestres.
La discusión en
torno al impacto ambiental generado por los cultivos de uso ilícito y la
fumigación aérea[11] para erradicarlos es bastante amplia, por
ejemplo el SIMCI[12] reportó un aumento de los cultivos de coca en Colombia según censo
realizado en 2005, los resultados del censo muestran que en diciembre de 2005,
Colombia tenía alrededor de 86.000 hectáreas sembradas de coca distribuidas en
23 de los 32 departamentos del país, esto representa un aumento de 6.000
hectáreas (7.5%) desde diciembre de 2004 cuando se identificaron alrededor
800000 hectáreas de coca, este es el primer aumento anual registrado después de
cuatro reducciones consecutivas entre 2000 y 2004.
En efecto, la
actual desambientalización de la política exterior del ejecutivo en ejercicio
se evidencia en hechos tales como el levantamiento de la prohibición para
asperjar cultivos menores de tres hectáreas, el aumento decretado en la
concentración de glifosato con el que se fumigan las plantaciones de coca; la
intención de extender esa política de erradicación a través de la aspersión
aérea de cultivos ilegales a los parques naturales de un país como Colombia que
es potencia en diversidad y endemismo biológicos; el relanzamiento de la idea
de completar el trazado de la carretera panamericana a través del reservatorio
ecológico del Darién; la entrega en concesión a empresas privadas de turismo de
zonas de reserva natural para la explotación comercial[13]
y el perjuicio que se ocasiona a
nuestra población indígena, quienes soportan casi a diario las fumigaciones
aéreas ocasionando problemas en su salud y alteración de sus cultivos
tradicionales. “La fumigación dañó los cultivos de yuca y caña de azúcar y
enfermó a nuestros hijos”, argumentó Francisco Tenorio, dirigente de la
Organización Indígena Regional de Putumayo[14].
Bajo el anterior contexto, y observando las directas violaciones que se
presentan en contra de nuestra población, es inexcusable dejar a un lado el
tema de los derechos humanos como efecto directo del narcotráfico y terrorismo
que ensanchan la crisis vecinal actual, de la misma manera, es bien conocido
que “la sociedad colombiana no tiene un consenso sólido para llevar a cabo la
política que sería aceptable para la comunidad internacional”.[15]
Este precepto parece confirmarse con la relación del gobierno Uribe con
las ONG nacionales y extranjeras y con los organismos internacionales que se ha
distinguido por el persistente conflicto cuando se brindan soluciones de bando
y bando sin apuntar hacia un objetivo final, esto es, el respeto por los
derechos humanos.
El Estado Colombiano al ejercer sus
competencias en materia de elaboración de las leyes y administración de
justicia no sólo tiene el deber de ajustarse a los principios, valores y
preceptos contenidos en su ordenamiento constitucional, sino que también está
obligado a ceñirse a las “proposiciones prescriptivas” de los tratados
internacionales a cuya aplicación se comprometió por acto de voluntad soberana.
Los ya mencionados ordenamientos tienen
relaciones de convergencia y complementariedad, pues se inspiran en el mismo
ideal de justicia del Estado Colombiano y responden a la necesidad de proteger
en todo tiempo y lugar la dignidad de la persona humana.
Aclaro lo anterior, en el caso colombiano
dentro del contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país se
cometen conductas antijurídicas que comprometen la responsabilidad
internacional del Estado Colombiano por tener como autores o partícipes a
servidores públicos y particulares cuya actuación delictiva se realiza a
incitación de las autoridades o con su consentimiento, es por esa razón que las
conductas ilegítimas que generan responsabilidad estatal son las violaciones de
los derechos humanos y las infracciones graves del derecho internacional
humanitario.
Al mismo tiempo, en
su calidad de Estado Parte de instrumentos internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968) y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), el Estado Colombiano se
comprometió a penalizar las violaciones graves a los derechos humanos, incluida
en ellas los crímenes de lesa humanidad.
Igualmente el
Estado Colombiano mediante la Ley 742 de 2002 adoptó el Estatuto de la Corte
Penal Internacional, que de conformidad con lo allí previsto establece que el
Estado referido “debe pues, actuar hoy teniendo en cuenta dos realidades. La
primera, que muchos de los crímenes atroces cometidos en su territorio por
miembros de los grupos armados ilegales hacen parte de aquellas conductas
antijurídicas cuya perpetración representa una amenaza para la paz, la
seguridad y el bienestar de la humanidad. La segunda, que con arreglo a lo
dispuesto por el Estatuto de Roma cuando un Estado Miembro del mismo no pueda o
no quiera procesar a los responsables de crímenes internacionales, esta tarea
podrá ser asumida por la Corte Penal Internacional”.
Lo cierto es que y
tomando como ejemplo lo atinente a la Ley 975 de 2005, al examinar en su
conjunto su contenido normativo, es claro que ésta enuncia en sus disposiciones
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, sin
embargo, no incluye en su articulado mecanismos y recursos eficaces para hacer
efectivos esos bienes jurídicos, al punto que algunas de sus normas
imposibilitan o dificultan a las víctimas del conflicto la realización de los
derechos aludidos, al tiempo que otras normas van en contravía de las
obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano en relación con el
respeto y garantía de los mismos.
En ese orden de
ideas por ejemplo se considera que la ausencia de un marco jurídico integral y
adecuado en la regulación del sistema de justicia transicional que establece la
Ley 975 mencionada, hace temer que su aplicación en vez de contribuir a la
superación del conflicto armado y al logro de la convivencia pacífica, dilata
la consecución de una paz sostenible y dificulta el surgimiento de una sociedad
realmente reconciliada.
“Por consiguiente,
es importante superar el desafío que presenta la visión ideologizada de los
derechos humanos. El peso está puesto en desarticular la imagen de que Colombia
es una país donde estos se violan o no se hace nada para impedirlo, a uno donde
el Estado es victima de grupos terroristas”[16]
Por último y no
menos importante, sabemos que el secuestro y la extorsión se han convertido en
un factor determinante y mecanismo sirviente del narcotráfico y del terrorismo
ejercido en el país.
"Ciertamente,
en su capacidad de perturbar gravemente la paz y la convivencia pacífica, el
homicidio y el secuestro son tan solo asimilables al terrorismo, al
narcotráfico y a los magnicidios, toda vez que fracturan las fibras más
esenciales del tejido humano y de la sociedad democrática, lo que hace que
produzcan profunda consternación y alarma social"[17]
El secuestro y la
extorsión son atentados directos contra la esencia del hombre y vulneran de
manera grave, inminente, injustificada y con secuelas irreversibles la
personalidad de la víctima y la de sus familiares. La naturaleza misma de estos
delitos colocan a la víctima frente a un estado de indefensión,
imposibilitándolo para expresar su voluntad.
Así pues y para poner el dedo sobre la llaga a la actual crisis
regional, los grupos alzados en armas se valen de los delitos del secuestro y
la extorsión para apalancar su carrera mediática y financiación de sus
actividades ilícitas y sostenimiento, atacando con estos flagelos a ciudadanos
de los países vecinos, hechos que imposibilitan y acrecientan los problemas de
Colombia, el cual no sólo tiene que convivir y tratar de superar este flagelo
en el ámbito interno, sino lidiar con el peso y la conciencia de más ciudadanos
del exterior, como consecuencia del conflicto armado interno que vive el país.
En suma, Colombia es percibida por sus vecinos no sólo como amenaza a la
estabilidad regional por el desbordamiento del conflicto y sus efectos a través
de las fronteras (narcotráfico, poblaciones desplazadas, incursiones
guerrilleras, etc.), sino como un actor de desequilibrio regional al
convertirse en el aliado privilegiado de Washington en lo que para algunos sería una estrategia
de dominación regional.[18]
Justo es decir, que Colombia tampoco puede apartarse radicalmente del
hegemón y echar por la borda la relación que ha construido con la potencia
mundial, más cuando esta es la proveedora por excelencia de los recursos que
contrarrestan de una u otra forma el conflicto armado colombiano y sus efectos
colaterales tanto en el país como en la región.
Naturalmente que esta relación de “dependencia-subordinación” debe ser
apaciguada por el Estado Colombiano y al margen y de la misma manera, promover
relaciones más estrechas y coherentes con las demás naciones del hemisferio,
basándose en los lineamientos normativos establecidos en el país y en el
entorno internacional.
En los ejemplos dados a lo largo de este ensayo, ha quedado claro que
bajo la administración Uribe los ideales andinos han sucumbido ante el
pragmatismo de las relaciones con el hegemón mundial y persisten en la agenda
nacional sólo con un formalismo diplomático.[19]
De modo que el
problema es que el gobierno Uribe continúe apalancando, como lo hemos visto, su
política de “seguridad democrática” bajo el desconocimiento de las “proposiciones prescriptivas” de los tratados internacionales a cuya
aplicación como lo sabemos se comprometió por acto de voluntad soberana y por
la estrecha relación de dependencia- subordinación con el Hegemón.
No se trata a mi juicio de desconocer la importancia de mantener unas
buenas relaciones con Estados Unidos, pero en una palabra, también una relación
tan excesivamente dependiente priva al país de construir relaciones sólidas y
benéficas con los demás países, además de promover en estos y en la comunidad
internacional factores de desconfianza, al ser vistos como “títeres” de los
intereses nacionales de Estados Unidos, como cuando se negoció el Plan
Colombia, sin que los demás países fueran enterados de dicha negociación.
En últimas “la inaceptable regionalización del conflicto colombiano
trata de involucrar a sus vecinos. Ante las señales confusas del gobierno
colombiano, cada vecino se queda con la versión del conflicto que más le
conviene, y desde esa perspectiva presiona por salidas distintas a aquellas por
las que propugna el gobierno colombiano”.[20]
En una última observación creo que, el gobierno Uribe ha hecho grandes
esfuerzos por mantener las relaciones establecidas por su antecesor, en lo que
respecta a Estados Unidos, pero se ha escudado en la complejidad del conflicto
interno para neutralizar las opiniones del entorno internacional y para “hacer
y deshacer” en cumplimiento con su política de “seguridad democrática”.
Ha olvidado el enorme papel que representa para el país unas relaciones
de confianza y respeto con las naciones vecinas, ha olvidado los efectos
colaterales del conflicto interno, ha olvidado darle soluciones efectivas a
esos efectos colaterales y sobre todas las cosas se ha olvidado del resto del
mundo en cuanto a relaciones internacionales se refiere.
[1] Leonardo Carvajal y Rodrigo Amaya, “La política
Exterior de la Administración Uribe (2002-2004) Alineación y securitización”,
en Cuadernos de Trabajo del CIPE N. 2, Bogotá: Centro de Investigaciones y
Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia., 2005, p.
8.
[2] Tomado de: http://alainet.org/active/415&lang=es.
Consultado el 26 de septiembre de 2009.
[3]Tomado de: http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=200537&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC.
Consultado el 26 de septiembre de 2009.
[4] Fuentes: MDN y Acción Social. Cálculos: DNP -
DJS. Balance Plan Colombia 1999 – 2005 Departamento Nacional de Planeación
(DPN), Dirección de Justicia y Seguridad (DJS), Septiembre de 2006.
[5] Diana Marcela Rojas, “Balance de la política
internacional del gobierno Uribe”, en Análisis político N. 57, Bogotá: IEPRI de la
Universidad Nacional de Colombia, Mayo-Agosto, 2006, p.
99.
[8] El
termino “cultivos ilícitos”, es el resultado conceptual de algo que en la
naturaleza no existe, el hecho de que uno o varios usos de estos cultivos sea
nocivo para la salud no los convierte en ilícitos, el ilícito es el uso que se
le da a estas plantas vegetales para la producción de estupefacientes, es por
esta razón que en el presente ensayo se le dará la denominación de cultivos de
uso ilícito.
[10] Bernardo Vela et al,
“Las relaciones internacionales de Colombia en el siglo XXI” en: Observatorio
de Análisis de los Sistemas Internacionales (OASIS) de la Universidad Externado
de Colombia, La inserción internacional de Colombia: Hacia la construcción de una Política Exterior para
el Siglo XXI, Bogotá: Proyecto Piensa Colombia
de la Presidencia
del Senado de la
República de Colombia, Tomo 1 Vol. 4, 2008, p.44.
[11] La aspersión de
cultivos de uso ilícito se aplica en Colombia desde 1984, mientras que desde
1988 se reconoce, por solicitud del entonces Inderena, la necesidad de tratar
los aspectos ambientales durante el proceso de aplicación de
químicos con fines de erradicación de cultivos de uso ilícito. Cesar Ortiz,
“Agricultura, cultivos ilícitos y medio ambiente en Colombia, en: Foro Nacional
Ambiental, guerra, sociedad y medio ambiente, 2004.
[12] Sistema Integrado de
Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito.
[13] Leonardo
Carvajal, “Tres años del gobierno Uribe (2002-2005), un análisis con base en
conceptos dicotómicos de política exterior” en: OASIS N. 11, Bogotá: Centro de
Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de
Colombia 2005-2006, 2005, p. 148.
[14] Muyuy Jacanamejoy,
G. Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas. Intervención de la
defensoría del pueblo en el día internacional de las poblaciones indígenas.
2003.
[15] Rodrigo Pardo y
Leonardo Carvajal, “Relaciones internacionales, conflicto doméstico y procesos
de paz en Colombia”, Patti Londoño y Leonardo Carvajal (compiladores), en:
Violencia, paz y política exterior en Colombia, Bogotá: Colección Pretextos N.
25 de la Facultad de Finanzas, Gobierno
y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 180.
[17] Gaceta de la Corte Constitucional, Tomo 12,
Sentencia C-565, diciembre 7 de 1993, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Herrera
Vergara.
[20] Socorro Ramírez, “El gobierno de Uribe y los países
vecinos” en: Análisis Político N. 57, Bogotá: IEPRI de la Universidad Nacional
de Colombia, Mayo-Agosto 2006, p. 72.
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